La comisión de Legislación General de Diputados avanzó ayer con el debate sobre el proyecto de ley que pretende imponer un «tope de tasas» a las financieras que se instalan en La Pampa, estableciendo medidas preventivas contra la usura.

«Es una de las denuncias que más tenemos en Defensa del Consumidor», dijo la titular de Defensa del Consumidor, Marisa Casimiro, que asistió a la comisión presidida por Espartaco Marín (PJ) junto al presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.

La funcionaria advirtió que además de los préstamos con tasas usureras, la situación ocurre con «las tarjetas de consumo que entregan en supermercados y casas de electrodomésticos, y que realmente detrás de ellas siempre hay financieras que cobran intereses excesivos y toman de rehén a los consumidores».

«Hoy, la realidad es que el porcentaje de denuncias contra las financieras supera el 50 por ciento. Es preocupante, si bien mermaron un poco las denuncias, porque se brinda orientación e indica de qué forma tienen que solicitar bajar o reintegros, o los seguros que se dan en estas tarjetas», amplió.

Dijo que «el servicio de prevención» que aporta la Provincia a través de Defensa del Consumidor «es importante», que recientemente se incorporó otro abogado a la oficina y señaló que las empresas financieras «están enmarcadas en otros rubros pero prestan dinero».

«Compartimos la lucha contra las financieras, porque la gente que no está bancarizada acude a las financieras para pagar cosas que ya tiene u otras cuestiones», comentó.

Casimiro explicó que las denuncias contra las financieras representan a mitad de las 443 iniciadas en 2018 y las 150 de este 2019 que incluyen también denuncias contra tarjetas de crédito o de consumo, planes de ahorro, casas de electrodomésticos, telefonía móvil, bancos y viviendas prefabricadas.

Casimiro dijo que las denuncias en este rubro son por «contratos abusivos donde se les hace firmar un pagaré que no solo refleja el monto más los intereses a pagar sino que al momento de ejecutar la deuda hay ítems que los obligan a pagar el doble de lo que deben o hasta el 300%».

También dijo que se las denuncias a las financieras «por trato indigno a sus clientes, como cuando viven molestando a los familiares o jefes de los clientes por supuestas mora en el pago, o cuando una vez que se les efectúa el pago, en lugar de ejecutar la cancelación inmediata -como plantea la ley- se toman hasta 60 días para hacerlo».

Multas.

Por otro lado, Casimiro explicó en comisión que como las financieras son de fuera de la jurisdicción, muchas veces se hace difícil establecer cuál es su domicilio, pero una vez que «se efectúa la denuncia, se convoca a las partes a conciliar y si la financiera apelara, ya va todo a fiscalía para que allí se resuelva».

Manifestó que al año 2017, «hubo 15 sanciones por un monto total de 385 mil pesos», algo que más adelante en la charla resulta insignificante al lado de sentencias ejecutadas en otras provincias donde se aplicó sanciones «de hasta 9 millones o se ha llegado a clausurarlas por su reincidencia».

Respuesta y expectativas.

Consultado por el diputado Luis Solana (PS) sobre si el Banco de La Pampa está en condiciones de generar asistencia crediticia a los sectores informales no bancarizados a través de un fideicomiso, el presidente del BLP Alexis Iviglia destacó que «sí, estaríamos en condiciones», generando expectativas entre los legisladores, que tomaron en forma positiva la respuesta.

Agregó que «estamos estudiando es facilitarle una respuesta también al sector que aún estando bancarizado y hoy está sub atendido fundamentalmente porque no puede acceder al crédito que necesita. Es un sector que tiene recibo de sueldo, y está atendido por ejemplo por el Banco, el Instituto de Seguridad Social, el Sempre, pero su necesidad excede a ello».

Solana manifestó luego que «hay cantidad de empleados con sus salarios embargados. Hace 15 años que están rehenes de esas financieras. Si el Estado no le da herramienta no puede salir nunca de eso», dijo y señaló que «las financieras no cumplen con los requisitos».

«Estoy más preocupado también por el segmento de gente que tiene que acudir a los financistas más informales que operan con tasas aún más altas», indicó Iviglia, advirtiendo que las casas de electrodomésticos también «cobran tasas excesivas, muy importantes, aún en épocas de relativa calma, no como ahora donde está exacerbado».

«Estado presente»

A la comisión, también asistieron representantes de los gremios Utelpa y UPCN. La secretaria general de los docentes Lilia López destacó el tratamiento del proyecto que «preserva a los trabajadores ante los abusos de las casas de préstamos», considerando además el escenario de «ajuste que las políticas nacionales ejercen sobre los trabajadores».

Además, resaltó el párrafo de la iniciativa que propone al Banco de La Pampa como la entidad que habilite créditos a los trabajadores informales. El abogado Carlos Fernández Artico, de Utelpa, reclamó mayor intervención del Estado ante los abusos de las financieras.

Las sindicalistas resaltaron que las entidades prestan algún tipo de asistencia económica puntual a sus afiliados pero no son otorgar créditos y «es el Estado el que debe estar presente en su resolución», dijo Daniela Fernández, de UPCN. El diputado Jorge Lezcano, secretario general de UPCN, cerró el encuentro manifestando que «la única garantía es la mayor presencia del Estado».

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