El Gobierno provincial se encuentra elaborando un paquete de medidas impositivas para aliviar el impacto de la caída de la actividad económica que se generó tras las medidas de prevención adoptadas tanto a nivel nacional como provincial por la pandemia del Covid-19 (coronavirus).

Según revelaron fuentes gubernamentales, el gobernador Sergio Ziliotto estuvo trabajando durante toda la tarde de ayer con el ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco. En la reunión, que ante el aislamiento social obligatorio se desarrolló vía videoconferencia, el mandatario y el funcionario abordaron «diferentes medidas impositivas y económicas para implementar próximamente».

A su vez, anticiparon que el paquete de medidas que se está analizando será segmentado «para los distintos sectores económicos de la Provincia, que están resintiendo su actividad de distintas maneras». En ese sentido, aclararon que no será «único», sino que será diferenciado.

De esta manera, el mandatario pampeano dará una respuesta a las solicitudes que hicieron diversos sectores productivos, los cuales manifestaron su preocupación ante la recesión económica en la que derivaron las medidas preventivas que se decretaron para prevenir la pandemia de coronavirus en el país y en la provincia.

Desde estos sectores habían manifestado la imposibilidad de afrontar el pago de distintas obligaciones, como por ejemplo los impuestos. Ante este escenario, lo que se buscará con el paquete de medidas es reducir el impacto e intentar paliar la situación de las pequeñas y medianas empresas de los distintos rubros, con el objetivo de evitar la pérdida de puestos de trabajo y el cierre.

Aporte extraordinario.

En sintonía con estas medidas se puede ubicar al aporte extraordinario de 50 millones de pesos que dispuso Provincia el pasado viernes para los municipios, el cual fue girado para atender las cuestiones sociales que puedan verse afectadas por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, indicaron que los recursos se destinarán a alimentos, y se suman a un aporte de 27 millones de pesos que se aplicarán para reforzar el monto de la tarjeta alimentaria del mes de abril.

Las decisiones fueron informadas a los intendentes de las localidades cabeceras de las diez regiones que integran el Consejo Provincial de Descentralización a través de una videoconferencia que los mandatarios mantuvieron con el gobernador, Sergio Ziliotto y los ministros de Desarrollo Social, Diego Álvarez y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Bensusán.

En la comunicación, también se acordó con los intendentes la metodología de distribución de los 340 millones de pesos que componen los fondos de descentralización y que corresponden a programas sociales, productivos, de soluciones habitacionales y de red terciaria. Tanto el gobernador como los intendentes coincidieron en la necesidad de trabajar en forma coordinada para optimizar las acciones preventivas y los recursos que se han puesto disponibles para afrontar la pandemia.

«Hay que tomar medidas».

Ziliotto ya había manifestado su preocupación ante la situación económica y había declarado que «a nivel nacional se están definiendo medidas económicas que tendrán impacto en las provincias. Sabemos que estamos ante un círculo vicioso, porque si paramos toda la actividad económica, va a haber menos recaudación, va a haber menos coparticipación, menos respuesta desde lo social y lo sanitario y es necesario tomar decisiones en conjunto».

«Hay que tomar medidas para que la recesión económica no sea un elemento más para que se propague el coronavirus. Creo que hoy está primero la alimentación de los argentinos y no pensar si le vamos a pagar o no al FMI. Lo peor que nos puede pasar es bajar toda la actividad económica al mínimo», sostuvo días atrás en conferencia de prensa.

Demoraron a 324 personas

La Policía de La Pampa informó que, entre las entre la noche del viernes y la jornada de ayer, hubo un total de 324 personas demoradas por incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional, con adhesión provincial. A su vez, se iniciaron un total de 640 causas judiciales.

Los procedimientos que realizaron desde la Policía provincial, en cumpliendo con todas las directivas emanadas por el Gobierno Nacional y Provincial, se hizo evidente en las calles de las distintas localidades de La Pampa. En ese marco, se detuvo a todas aquellas personas que no cumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Violarlo no solo es una irresponsabilidad sino también un delito”, señalaron desde la institución al momento de difundir el operativo que llevó a cabo la patrulla ciclista de la Seccional Primera de Santa Rosa, en conjunto con efectivos de la Seccional Tercera, en la Plaza San Martín, durante la mañana de ayer, donde una persona no pudo justificar por qué se encontraba en la vía pública.

Irresponsabilidad.

La irresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas quedó en evidencia ante la impactante cantidad de demorados. Según informaron desde la fuerza de seguridad, entre las 20 horas del viernes y las 20 de ayer, en la Unidad Regional I (con asiento en Santa Rosa) se detuvo a un total de 147 personas, se iniciaron 151 causas judiciales y hubo cuatro menores de edad notificados, extendiéndose la responsabilidad a los adultos a cargo.

A su vez, en la Unidad Regional II (con cabecera en General Pico) la policía demoró a 122 personas, notificó a 288 y se iniciaron 410 causas judiciales, mientras que en la Unidad Regional III (con asiento en General Acha) hubo 55 demorados, 14 noticiados y se iniciaron 79 causas judiciales.

Por otro lado, en el oeste pampeano, la Unidad Regional IV, con asiento en 25 de Mayo, se labró una infracción por incumplimiento de la cuarentena obligatoria.

Etapa de divulgación.

El número de demorados y de causas judiciales iniciadas sorprende aún más si se tiene en cuenta que desde la Policía se implementó, durante las primeras 24 horas, una etapa de divulgación y prevención a partir de la adhesión de La Pampa al DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.

En esa etapa, según informó el Gobierno provincial, hubo “un total de 60 demorados en el ejido Santa Rosa-Toay, y 62 en comisarías de General Pico, por no poder justificar o manifestar conductas impropias frente a la autoridad competente que requería sus datos”. A su vez, “en el norte provincial se labraron 230 actas de infracción, a modo de primer aviso, a ciudadanos y propietarios de comercios que incumplían con lo dispuesto por autoridades nacionales y provinciales”.

A todos ellos se les inició proceso penal por infracción al decreto nacional de aislamiento total, y en término de los artículos 205 y 239 del Código Penal. En algunos casos se procedió al secuestro de los vehículos en los cuáles circulaban.

En esa línea, indicaron que “ante el riesgo de contagio y muerte por coronavirus, se profundizarán otras medidas que alcanzarán a quienes generen y a quienes difundan, situaciones de pánico y confusión en la ciudadanía”.

“Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de La Pampa, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, la Policía de la Provincia de La Pampa y los pampeanos que colaboran dando a conocer los lugares y personas que incumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto presidencial, se está logrando concientizar fehacientemente a los ciudadanos sobre la necesidad de mantenerse en sus casas y solamente trasladarse en situaciones de extrema necesidad”, remarcaron.

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